Un derecho en extinción

Resumen - El País

Los recortes en la Ley de Dependencia asfixian a los enfermos y a sus familias. Los 183.186 dependientes de Andalucía beneficiarios de alguna prestación sufren muchas dificultades en los últimos tiempos. Las duras medidas que se han tomado en este sector están causando estragos. En julio de 2012 había en Andalucía 54.527 cuidadores, ahora sólo quedan 4.374.

La Ley de Dependencia aprobada en 2007 diseñó una financiación compartida a partes iguales entre el Estado y la Junta, y así funcionó al principio. Sin embargo, esta vez la Junta ha aportado el 74% y el Gobierno tan sólo el 26%. Y Jesús Huerta, director de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, admite que va a ser imposible suplir todo lo que deja de ingresar el Estado, y que el sistema está en peligro.

Marco teórico

En la noticia podemos ver una reducción del Estado del Bienestar español desde que comenzó la crisis económica en el año 2010. Como podemos ver, el Estado no solo ofrece bienes y servicios y redistribuye la renta; también influye en la actividad económica a través de la política fiscal.
La política fiscal está constituida por las medidas que los gobiernos llevan a cabo sobre el gasto público y los impuestos con objeto de facilitar el crecimiento económico y el empleo, la estabilidad de los precios y el control del déficit público.
En época de crisis, como en la que nos encontramos en la actualidad, se pueden aplicar la política fiscal expansiva o la restrictiva. La primera se utiliza cuando la demanda agregada es insuficiente, hay capacidad productiva sin utilizar, y se genera paro. Aquí, el Gobierno utiliza dos instrumentos para estimular la economía: el aumento del gasto público y la reducción de los impuestos.
La segunda se aplica cuando hay un exceso de demanda y existe riesgo de subido de precios, el Gobierno puede contraer la demanda utilizando los mimos instrumentos (gasto público e impuestos), pero en sentido inverso. Es decir, reduciendo el gasto público y subiendo los impuestos.
En la notica se muestra que el Estado está utilizando la política fiscal restrictiva, y la Ley de Dependencia que se menciona en el artículo se ve afectada por ello. Es decir, la actuación del Estado del Bienestar acaba no siendo la adecuada: el Estado del Bienestar se financia con las contribuciones a la Seguridad Social de empresarios y trabajadores, y con los impuestos del sistema tributario. Contando con estos ingresos, algunos economistas plantean la duda sobre la financiación futura del Estado del Bienestar en el mundo occidental. La razón está en el rápido proceso de envejecimiento de la población (por el aumento de la esperanza de vida y la baja tasa de natalidad) en los países desarrollados, que sumado a la crisis actual, dificulta  en gran medida la actuación del Estado del Bienestar.

Vocabulario

Estado del Bienestar: concepción que considera que es responsabilidad del Estado el conseguir el pleno empleo, un sistema de seguridad social que cubra la totalidad de la población, la generalización de servicios básicos de educación y sanidad para todos, y la garantía de un nivel de vida digno incluso para los más desfavorecidos.

Ley de Dependencia: es una ley española que sienta las bases para construir el futuro Sistema Nacional de Atención a la Dependencia, que financia los servicios que necesitan las personas dependientes, bien por sufrir una enfermedad o por haber llegado a la vejez.

Gasto público: son  las erogaciones en que incurren el conjunto de entidades estatales de un país; comprende las compras y gastos que un Estado realiza en un periodo determinado, que por lo general es un año.

Política fiscal: se puede definir como el uso del gasto público y la recaudación de impuestos para influir en la economía. Puede ser expansiva o restrictiva.

Opinión personal

La verdad es que existen otros servicios públicos mucho menos generadores de empleo donde se podrían efectuar recortes del gasto, aunque serian más costosas políticamente de realizar. No obstante, el principal problema no es el gasto público, inferior a la media de los países de la UE, sino nuestra bajísima presión fiscal, provocada por un fraude fiscal muy grande, que impide que España se acerque a países como Francia o Alemania.
Además, mientras se recorta el gasto en dependencia, vital para que miles de discapacitados y ancianos sobrevivan y coman todos los días, una parte de nuestras elites políticas y económicas defraudan masivamente y no pagan impuestos. No es sólo un problema de gasto púbico y demanda agregada, es sobre todo un problema de ética y moral. Una encuesta publicada recientemente decía que los alemanes nos veían a los españoles corruptos y vagos. Quizás tengan razón.

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